Por Salvá José Luis A fines de marzo, la Confederación General del Trabajo promovió una acción judicial cuestionando la validez de la Ley 27.802. El planteo no fue menor: se pidió, en términos concretos, frenar la aplicación de buena parte de la reforma laboral por considerarla regresiva en materia de derechos. El Juzgado Nacional del
¿Puede un juez suspender una ley laboral para todo el país? Leer más»
En la Argentina del siglo XXI seguimos presos de una ley de 1915 que obliga a esperar plazos ficticios para cobrar giros judiciales. El art. 3 de la Ley 9667 impone el “consentimiento” de tres o cinco días hábiles, que sumado a la feria judicial y las demoras bancarias condena a trabajadores y abogados a cobrar tarde, mal y devaluado.
El caso testigo de diciembre de 2023 lo demuestra: un depósito realizado el 26 de diciembre quedó congelado más de un mes por la feria, mientras la inflación superior al 200% anual licuaba su valor. Los paliativos (plazos fijos judiciales, giros parciales “salomónicos”) no salvan el crédito: el resultado siempre es pérdida.
Se trata de un problema que no solo es vetusto, sino también inconstitucional e inconvencional, porque afecta la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad y el derecho a una retribución justa y digna (CN, PIDESC, CADH, Declaración Americana).
Reformar esta norma no es un lujo: es una urgencia. La justicia no puede seguir rindiendo culto a los muertos; debe ser inmediata, eficaz y humana.
